El Gobierno desarticuló los equipos que investigaron casos de corrupción del kirchnerismo durante la administración de Mauricio Macri. El Ejecutivo dispuso esta medida en organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La oposición desde distintos referentes políticos sostiene que todo responde a un “plan de impunidad” para beneficiar la situación judicial de la vicepresidenta, procesada en ocho causas judiciales, todas ellas elevadas a juicio oral, enfrentando embargos por más de $ 12.000 millones, con las empresas familiares intervenidas hace cuatro años y con sus hijos enviados a juicio oral por lavado de dinero.
En mayo la OA liderada por Félix Crous retiró la acusación contra la familia Kirchner en causas como Los Sauces y Hotesur, que se unificaron y esperan el inicio del juicio por supuesto lavado de dinero que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 5.